Retroceso democrático: el caso paraguayo
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Uno de los síntomas del retroceso es el llamado
“engrandecimiento del Ejecutivo”, donde el poder ejecutivo se dedica a
debilitar a las instituciones y fuerzas que disienten con sus preferencias. Debilitamiento
que se lleva a cabo usando las leyes y mecanismo institucionales existentes. Uno
de los poderes más afectados es el judicial, pero también se pone presión sobre
los organismos electorales, o las
contralorías. Con frecuencia, esa expansión se hace argumentando la necesidad
de satisfacer demandas de la mayoría de la población. Un caso emblemático en
América Latina es el de Nayib Bukele, que ha conseguido una supermayoría en el
legislativo y con ella ha purgado el poder judicial, eliminado las voces
críticas, siempre con el argumento de la necesidad de una justicia expeditiva
para combatir a las pandillas.
En el caso paraguayo se está viviendo un
proceso análogo al engrandecimiento del Ejecutivo, con algunas variantes
interesantes. El agente del engrandecimiento, más que el propio Ejecutivo, es
el partido de gobierno, el Partido Colorado. Aprovechando su mayoría absoluta
en ambas cámaras, el partido ha logrado el control del poder judicial y
monitorea de cerca las entidades autónomas, engrandeciendo no tanto al presidente
Santiago Peña, sino más bien al líder del partido de gobierno, el expresidente
Horacio Cartes, actual presidente del partido.
El último suceso en este proceso de borrar los
contrapesos ha sido la “Ley de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de
las Organizaciones Sin Fines de Lucro” recientemente sancionada por ambas
cámaras y en espera de la promulgación, veto o veto parcial del presidente. Esta
ley es un típico caso de otro capítulo del retroceso democrático, conocido como
el cierre selectivo del espacio cívico. Es decir, el poder político se arma con
un recurso que le permite reconfigurar la sociedad civil, premiando a los
amigos y castigando a los enemigos. Los enemigos en este caso son las ONGs
ligadas a temas de derechos humanos, democratización, y anticorrupción. Algunos
de ellos contrapartes de la USAID y la Unión Europea, y ante los cuáles,
miembros de las bancadas del partido de gobierno se presentan como garantes de
la soberanía contra las agendas que buscan socavar los valores de la nación.
Santiago Peña ha querido matizar el contenido
de la ley, enviando modificaciones que han limitado su alcance y minimizado las
sanciones a los que violasen la ley. Las mismas fueron incorporadas al texto
finalmente aprobado. Sin embargo, su incomodidad es manifiesta, pues él más que
nadie ha estado expuesto a críticas de organismos ligados a la OEA, ONU, el
Colegio de Abogados de Nueva York, los embajadores de la UE, Amnistía
Internacional, entre otros. No tiene ninguna necesidad de esa ley. Este es un
momento en el que se podría dar una demostración de autonomía del presidente Peña,
por la vía del veto o el veto parcial. Autonomía que no creemos acontezca como
resultado de un quiebre en la relación con Horacio Cartes, sino más bien vía un
nuevo entendimiento. Las cartas están echadas.
Publicado en Clarin 19 de Octubre 2024
Image: post de Wiccaluana en Pinterest
[1] Politólogo. Columnista. Ex director regional del UNFPA
para América Latina y el Caribe. Convencional constituyente de la República del
Paraguay, 1992.
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