La democracia electoral como instrumento de cambio: el caso paraguayo
El 30 de abril
2023 se realizarán elecciones generales en el Paraguay. Estas serán las novenas
elecciones nacionales para elegir miembros del congreso y presidente de la
república desde que se inició la transición a la democracia en el país. Las
octavas elecciones en las que se eligen, además, gobernadores y concejales
departamentales. Como en todo proceso político-electoral, la oposición cifra
sus esperanzas en la posibilidad de la alternancia, mientras que el partido de
gobierno, el Partido Colorado, se aferra con vehemencia al continuismo.
El caso paraguayo
tiene ciertas características diferenciadoras con respecto a los países de la
región de América Latina que vale la pena recordar. El golpe liberalizador
efectuado en contra del dictador Alfredo Stroessner, en febrero de 1989, fue
liderado por elsu
consuegro del dictador,
el General Andrés Rodríguez y, la dirección política del proceso de transición siguió
en manos del Partido Colorado, el socio político de la dictadura., aunque con
reglas del juego muy distintas a las que imperaban en el período autoritario. El
régimen político se fue transformando. Con la nueva legislación electoral y,
sobre todo, la nueva Constitución de 1992, se sentaron las bases formales para
el funcionamiento de una democracia representativa. Esta funcionado a medias,
aún muy sesgada a favor del partido de gobierno. Por ende, cuando se habla de
alternancia, se habla de un proceso similar al que caracterizó la transición en
México. Se,
con la pérdida de poder relativo del PRI después de un largo período de
hegemonía del partido-Estado priista. En el Paraguay, se pretende arrebatar las
riendas del poder a un partido que ha estado en control del Estado desde
prácticamente 1949, con.
Con una sola interrupción, del 2008 al 2012, cuando se dio la presidencia del
exobispo Fernando Lugo, quién lideró una alianza con el Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA)).
Alianza que luego fue de mal en peor y terminó con el juicio político y golpe
parlamentario en el que coincidieron liberales y colorados y que lo forzó a renunciar a la presidencia.
Hoy esa alianza de los actores de la oposición se ha reconstituido bajo la figura de la Concertación Nacional que postula a un candidato del PLRA a la presidencia y a una mujer joven del movimiento político ciudadano ”Depertar,”, Soledad NuñezNúñez, a la vicepresidencia. No todos los actores del campo opositor están con la propuesta de la Concertación, y han formado candidaturas alternativas. EsAunque es difícil ponderar con certeza cómo va la competencia electoral porque han salido a la luz encuestas de dudosa fiabilidad, sin embargo, todo indica que la línea de llegada será disputada por el candidato de la Concertación y el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña. Una reciente encuesta, hecha pública el 5 de abril y que parece seria, estima un empate técnico, con Efraín Alegre con 38% de intención de voto y Santiago Peña con un 36%[1]. Una disputa clásica, pues ambos candidatos representan a los partidos tradicionales, formados en el siglo XIX. La diferencia estriba en que, en el caso del liberal, se ha formado una coalición más variada y plural que lo que se acostumbra.
A treinta días de
las elecciones generales, el Paraguay se debate en la incertidumbre respecto a
quiénes ganarán las elecciones. A falta de encuestas creíbles, el análisis
político prospectivo encuentra, sin embargo, suficientes elementos de juicio
como para concluir que las dos fuerzas políticas con más chances de lograr una
victoria son el Partido Colorado y la Concertación Nacional para un Nuevo
Paraguay. Esta última incluye al Partido Liberal Radical Auténtico como socio
principal
Al observar el
proceso paraguayo desde una perspectiva comparada, una de las diferencias que
se puede apreciar es que en este caso el esquema de izquierdas versus derechas
no tiene el mismo peso que ha tenido en otros países de la región. Los
antagonismos de Boric contra Katz, o de Lula contra Bolsonaro no tienen un
paralelo en Paraguay. No hay un Gustavo Petro ni una Xiomara Castro. Las
esquinas del cuadrilátero político están más bien etiquetadas como cambio o
continuismo, corrupción o decencia.
Desde el punto de
del discurso político, los dos principales candidatos a la presidencia, Efraín
Alegre por la Concertación, y Santiago Peña por el Partido Colorado, podrían
caracterizarse como neoliberales.
Ninguno cuestiona la actual relación Estado – mercado, ambos son
librecambistas, consideran al sector privado como el principal motor de la
economía, quieren mantener le economía paraguaya abierta, no proponen una
reforma tributaria ni pretenden crear nuevas cargas impositivas, consideran que
la política social debe ser focalizada y creen en los programas sociales
transitorios para poblaciones en situación de extrema pobreza. Los dos creen en
la inversión directa extranjera como palanca para la generación de empleo y
crecimiento y proponen lograr el grado de inversión de parte de al menos dos de
las grandes calificadoras, para atraer mayor inversión y mejorar la capacidad
crediticia del país. Ambos se adhieren a los principios la Ley de
Responsabilidad Fiscal que pretende limitar el déficit fiscal al 3% del PIB, y
prometen no desviarse de las bases del acuerdo precautorio con el FMI que
estableció las bases del ordenamiento macroeconómico tras la crisis del 2002.
Las diferencias
estriban más que nada en los temas relacionados con la corrupción, el ascenso
del narcoestado y la debilidad de la institucionalidad. El lema del candidato
de la Concertación es “mafia o patria”. El mismo acusa a los sectores del
Partido Colorado que han manejado las riendas del poder de ser agentes de la
corrupción y del narcoestado. Les recrimina a dichos grupos haber cooptado los
poderes del Estado para favorecer sus intereses personales, negocios y
protegidos. Dicha acusación se ha centrado sobre todo en el expresidente
Horacio Cartes y su movimiento político. Son estos los que han ganado la
primaria y lograron elegir a Santiago Peña como candidato a presidente, y al
expresidente como presidente del partido. La acusación hecha por la oposición
se ha visto corroborada por las designaciones de persona “significativamente
corrupta” por parte de los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU.
La disyuntiva que
plantea el candidato de la Concertación es real. Los casos de corrupción y la
falta de transparencia en el manejo de la cosa pública son legendarias y
alimentan una vasta red clientelar de grandes y pequeños socios. Al mismo
tiempo hay casos importantes que afectan al propio expresidente y que no fueron
debidamente investigados por la Fiscalía, al igual que otros personajes de peso
que logran mantenerse en la impunidad. Al mismo tiempo, el crimen organizado
está creciendo y los síntomas de su presencia se hacen evidente con el aumento
de casos de sicariato, el copamiento de las penitenciarías y las acciones de
lavado de dinero. El Paraguay está realmente en una coyuntura en la que o puede
seguir cayendo preso de estos desvaríos, profundizando la crisis, o logra
fortalecer su capacidad de integridad y combate a la corrupción.
El candidato del
Partido Colorado no ha negado ni la corrupción, ni el ascenso del crimen
organizado. También propone combatirlos, pero su estrategia ha sido más bien la
de apostar a un discurso sobre un mejor futuro, sin hacerse cargo del pasado y
menos aún del tema de la responsabilidad política. Es así como los énfasis que
él hace son sobre la capacidad de gestión, del ascenso de una nueva generación
de colorados, más capaces, de una visión del Paraguay que sepa aprovechar sus
ventajas comparativas, entre otros temas. El discurso de los otros candidatos
de su partido no siempre se alinea, pues los que pugnan por escaños en el
órgano legislativo y que no son del mismo movimiento que el candidato, se
aventuran más en la crítica al expresidente Horacio Cartes y sus anillos de
influencia, y tratan de diferenciarse de esa ala del partido, identificándose
como agente del cambio, dispuestas a combatir esas claques desde adentro.
Retomando pues la
categoría del “neoliberalismo” podemos decir que, efectivamente, esta es la
matriz básica de los posicionamientos actuales. Sin embargo, habría que hacer
la distinción entre un “neoliberalismo clientelar” y un “neoliberalismo
reformista”. El primero es una buena caracterización de lo que representa el
candidato del Partido Colorado, y el segundo es el proyecto que aspira a
liderar el candidato de la Concertación.
En efecto, Santiago
Peña aspira a mantener el modelo, pero sin alterar de manera radical la función
clientelar o de patronazgo que ejerce el Partido Colorado en el manejo del
Estado. El representa una suerte de “modernización” del esquema partido-estado
en el que se ha fundamentado el ejercicio del poder por parte del Partido
Colorado. Habría, seguramente, una incorporación de nuevos cuadros
tecno-políticos, y un traspaso generacional, pero siempre garantizando los
privilegios de la clientela que se nutre de la cercanía con el Estado, aún
siendo este un Estado relativamente pequeño, dentro de un modelo no estatista.
En cambio, Efraín
Alegre, promete una reforma. El mismo modelo económico y social, pero sin
corrupción, y un combate más efectivo al crimen organizado. Hace mucho énfasis
en el funcionamiento de la institucionalidad, sobre todo en los órganos del
ámbito jurisdiccional, empezando con la policía, pasando por la fiscalía y
finalmente con los juzgados, tribunales y la corte. Su atractivo es la promesa
de una mayor igualdad ante la ley, sin privilegios ni impunidades. Es un
neoliberal que apunta sobre todo a este tipo de reformas. Es, sin duda, sólo
una promesa, pues los detalles acerca del cómo lo van a hacer son pocos. Pero
la relevancia de la propuesta es su principal atractivo.
En efecto, la
crítica a los privilegios llega en un momento en que la desazón con los
beneficiados por el patronazgo está en un punto muy sensible. El país no ha
hecho grandes progresos en los últimos años. Al igual que en el resto de la región,
el Paraguay culminó un proceso de expansión en el 2014 aproximadamente, y desde
entonces la reducción de la pobreza se ha estancado, la generación de empleo ha
sido escasa y la informalidad sigue a niveles muy altos, con la consecuente
desprotección social. Eso se vio exacerbado por la pandemia y malos años para
los principales rubros de exportación. La mansedumbre del pueblo paraguayo está
siendo puesta a prueba.
La alternancia
política es hoy una posibilidad muy real. El partido colorado está en una
situación de gran vulnerabilidad. Dividido, con un expresidente que ha tenido
que ha desligarse de sus empresas para que las mismas no sufran las sanciones
de la OFA de EE. UU. y que para colmo funge como presidente del partido. Varios
de sus liderazgos no pueden disimular la incomodidad que causa esta situación,
aunque la mantienen disimulada en aras a mantener la campaña electoral
funcionando. Por el lado de la oposición, existen también dudas importantes
respecto a cuán preparados están para asumir las riendas del gobierno. Ellos
piden una oportunidad, para probar que tienen la voluntad y la capacidad para
hacer la reforma que propugnan. ¿Será esta realmente una oportunidad?, se
preguntan los electores más escépticos.
El diseño constitucional marca el destino político de
un país. Paraguay no es una excepción. La Constitución del 92 tiene un efecto
determinante en cómo se organizan los actores políticos, las elecciones y la
composición de los colegiados. Por esta razón, es oportuno recorrer algunos de los
rasgos más notorios del actual régimen y ver cómo afectarán el resultado de las
elecciones.
En primer lugar, está el hecho de que Paraguay no
tiene un sistema de doble vuelta. El ejecutivo es electo por mayoría simple en
una sola vuelta. Considerando el número de candidatos en la competencia
electoral actual, es muy probable que el presidente sea elegido con una mayoría
simple. Con posibilidades de que sea menor al 40%. En el caso de que se mantengan los niveles de
participación electoral que se han dado en el 2008 (65.52%), 2013 (68.52%) y
2018 (61.25%), podemos especular que si hay una participación del 65% de los
4.8 millones electores empadronados y el presidente electo gana con 40% del
voto emitido podría terminar siendo elegido por 1.2 millones electores. Puede
ser menos.
Sería una victoria legitima porque así está diseñado
el sistema. No obstante, sí es motivo de reflexión, pues habrían 3.6 millones
de electores que no votaron por el presidente, ya sea porque eligieron no votar
o porque votaron por otras opciones.
Este rasgo fundamental fue producto de la transición.
La oposición en la Constituyente sí quería una doble vuelta, pero la ANR
anticipaba que con un ballotage le sería más fácil a la oposición sortear sus
divisiones internas, pues podrían dar campo libre a todos en la primera vuelta,
para luego aliarse en la segunda. La anticipación que hacía la ANR no estaba
tan alejada a la realidad. Es cierto que a la oposición le ha sido más
complicado juntar las partes para una elección de una vuelta. Los actores
políticos siempre especulan con la posibilidad de que ellos podrían salir
ganadores en esa única vuelta. Les cuesta ceder el espacio antes de comprobar
sus chances. Así, pues, siempre tendremos la duda de si con el ballotage los
acuerdos, alianzas o concertaciones no serían más sólidas y duraderas.
El otro rasgo importante es la combinación de un
sistema de representación proporcional con circunscripciones electorales que
tiene un número reducido de escaños parlamentarios que llenar. Nos referimos a
la forma de elegir a los diputados por departamentos, basado en el número de
habitantes. Esto crea muchas circunscripciones con una, dos o tres bancas que
repartir. Es sólo en el caso de los departamentos más poblados, sobre todo
Central y Capital donde hay un número importante de bancas. La cuestión es que
cuando el número de escaños a llenar es tan reducido la aplicación del sistema
D’Hondt
implica repartir los escaños entre los dos
partidos más votados. Difícilmente entra
un tercero y menos un cuarto. Por lo tanto, en las elecciones del 30 de abril,
saldremos con una Cámara de Diputados repartida entre el Partido Colorado y la
Concertación, sobre todo liberales. Central y Capital podrían marcar la
diferencia, pero hay que ver.
Esto nos deja con la Cámara de Senadores, como único
posible colegiado con una mayor pluralidad. El problema en este caso es que si
bien hay 45 escaños que repartir en una sola circunscripción nacional, los
actores políticos deben tener en cuenta en que sí hay lugar para un “tercero
significativo”, pero difícilmente para un cuarto y quinto significativo. La
lista de la Concertación ya incluyó a representantes de las diferentes fuerzas
de la Concertación y eso ayuda, pero hay que ver cómo se presenta el desempeño
de la lista 40 de Frente Guazú y la Lista del Encuentro Nacional. Será muy
interesante si una lideresa emergente como Kattia González puede atraer votos
hacia su lista y dar una sorpresa, quitándole al FG su espacio en el Senado.
Esta sería uno de los resultados más interesantes para observar.
La fórmula HC en la presidencia de la ANR y Santiago
Peña en la presidencia de la república no es un arreglo promisorio desde el
punto de vista de la gobernabilidad. El próximo ciclo político exige un poder
ejecutivo con plena capacidad para ejercer el liderazgo en la toma de
decisiones. No una situación en la que la sombra del poder detrás del trono se
cierna sobre el centro neurálgico del Estado a cada vuelta de tuerca. Esto sólo
debilitará la capacidad del país para implementar las reformas indispensables.
Las presidencias de los partidos políticos en las
democracias representativas por lo general tratan de evitar una separación de
la posición de presidente o secretario ejecutivo del partido y la presidencia
del Gobierno. Lo hacen ya sea estableciendo que el presidente o primer ministro
sea el jefe del partido también, caso Partido Laborista británico o PSOE
español, o, haciendo que el presidente del partido sea más bien una figura
operativa de menor peso, caso de los presidentes de los comités de dirección de
los partidos demócrata y republicano en EE. UU.. Aparte, los partidos políticos
suelen tener también otras instancias de poder, como son las ejercidas por los
líderes de bancada, ya sea en la cámara baja o alta. Cada uno de estos, tiene
su cuota y decide cómo dirigir su bancada en el contexto propio en el que le
toca actuar-
Todo indica que HC ha hecho una lectura muy sui
generis de la función que podría cumplir la ANR. Evidentemente, visualiza
la presidencia del partido como una instancia en la que podrá seguir ejerciendo
influencia en la política nacional. Sin embargo, es hasta cierto punto
inexplicable por qué eligió el camino de la presidencia de la ANR para seguir
haciendo algo que de todos modos ya estaba haciendo por la vía del movimiento y
su dinero. Es probable que, en su esquema mental, la Junta de Gobierno de la
ANR sea como una suerte de directorio empresarial y que la presidencia de la
república es la gerencia general de la
empresa. Sin embargo, instalar un esquema como ese en el manejo del Estado es
simplemente fatal. No le hace bien al
país, ciertamente no a la gestión del Estado y probablemente tampoco a la ANR.
Quedan colgantes demasiados hilos en esta inusual
movida política del expresidente. ¿El supone que desde la presidencia del
partido va a dirigir al presidente de la república, cuando éste, en principio,
tendría que manejarse como presidente de todos los paraguayos? ¿Cree que desde
su opaca oficina de la ANR va a dirigir a la bancada de la ANR en el Congreso,
cuando esta será, como siempre, una bancada dividida, que no le será cien por
ciento leal? ¿Asume él que seguirá recibiendo adulones y carpetas rojas que
después le pasaría a Santi para que les encuentre un lugar en algún lado?
En estos momentos, la ANR parece estar cerrando filas
para enfrentar la campaña electoral, pero si llegan a ganar y Santi asume, la
contradicción va a ser como un choque de trenes. A menos que Santi cumpla la
función que cumplió Medvedev, el inocuo personaje que obedientemente siguió las
instrucciones de Putin cuando este tuvo que dar el paso a la posición de primer
ministro y dejar que Medvedev ejerciese la presidencia por un período. Estamos
a todos luces ante una receta para el desastre, de vuelta. La llamada de
atención de HC a Santi por llegar tarde a la reunión de colorados de la ANNP
fue sólo un ejemplo de lo que podría estar instalándose en el Gobierno de aquí
a fin de año. Que triste, más aun siendo el inquilino de la Casa de los Colorados
significativamente corrupto. .
Existen en el
Paraguay distintas narrativas respecto a dónde estamos y cuáles deberían ser
nuestras prioridades. Hay una muy simplista que dice que el Paraguay tuvo un
rendimiento excepcional en el período 2003 a 2014. Que el país creció, se redujeron la pobreza y la desigualdad,
mientras ciertos sectores de la economía se expandieron y se modernizaron. Se
reconoce que a partir del 2014 se dieron tropiezos, como el fin del boom de los
“commodities”, la sequía y luego la pandemia. Sin embargo, se espera una
recuperación del ritmo de crecimiento una vez superados esos desafíos de
carácter externo.
En contraste con
esta visión de los desafíos del país se erigen otras miradas que piensan que no
se trata de solamente de hacer un “reboot” de lo ya conocido. Entre
ellas merecen una mención la reforma del Estado; el desarrollo sostenible, y la
inclusión social.
Desde la
perspectiva de la reforma del Estado se dice que el equilibrio fiscal es
importante, pero se advierte que el mismo pende de un hilo y que, aún si se
logra sostener, no es suficiente. Desde el Ministerio de Hacienda mismo se
habla de la necesidad de una segunda generación de reformas, poniendo el
énfasis en iniciativas como el presupuesto por resultados y la “calidad del
gasto”. Con este último concepto se subentiende frenar la corrupción y el
clientelismo político, pero también se señala la atención al desarrollo de
capacidades. El Estado creció en los últimos 20 años , mucho gracias a la reforma tributaria de la
época del Ministro Dionisio Bordas, pero ahora hay una imperiosa necesidad de
fortalecer la capacidad para ofrecer servicios de calidad y mejorar una amplia
gama de indicadores, apostando a la formación y la meritocracia. La seguridad,
por ejemplo, no depende sólo del número de policías, sino de la capacidad de
estos. Lo mismo con docentes y
funcionarios. La educación en todas sus formas tiene también la función de
generar el talento humano necesario.
Desde la
perspectiva del desarrollo sostenible, se argumenta la necesidad de prepararse
para el cambio climático que agrega y seguirá agregando mayor volatilidad de
los períodos de siembra y cosecha. Por otro lado, el crecimiento basado en el
usufructo insostenible de los recursos naturales del país ha llegado a un
límite. La deforestación ha sido masiva, la contaminación con agrotóxicos
vergonzosa y los cursos de agua no se han cuidado como deben. Si se quiere
incentivar la inversión directa extranjera debe dejar de ser extractiva. Mucho
se argumenta que eso sería posible con la obtención del grado de inversión,
aunque sea de una de las calificadoras. La pregunta imposible de evitar si ese
grado de inversión es compatible con Horacio Cartes, el significativamente
corrupto, cono presidente del partido de gobierno.
Finalmente, desde
la perspectiva de la inclusión social. No olvidar que la reducción de la
pobreza incluye la pobreza total y que la responsabilidad no es solamente para
con la pobreza extrema. Desde el 2014 los niveles de pobreza se han mantenido
estancados. Sí se ha podido contener la
pobreza extrema. Pero el problema consiste en que, en 2021, según estimaciones
de INE, 26.9% de la población vive por debajo del nivel de pobreza total. El
esfuerzo de inclusión implica una política mucho mejor coordinada y no
extremadamente focalizada en pobres extremos. La política de protección social
“Vamos” es un acierto en cuanto a concepto, pero le falta mucho para su puesta
en funcionamiento a escala. El mensaje
es combinar programas como Tekopora, Adulto Mayor, Abrazo, Tarifa Social de la
Ande, con una articulación a nivel central y territorial de los programas y los
servicios sociales de educación y salud, donde es muy importante la merienda
escolar, la calidad de la educación, la supuesta gratuidad de la salud, así
como la generación de oportunidades de trabajo decente. Y agregaríamos también
el transporte. Los pobres urbanos sufren cotidianamente malos servicios de
transporte y las zonas rurales casi no hay soluciones para el transporte
escolar o para la ida a las atenciones de salud.
Cada uno de estos
puntos tiene sus peligros. Seguir sin reformas de Estado puede llevar a una
crisis como la sufrida a principios del 2000, dejando sin capacidad de pago al
mismo y sin margen para generar recursos, por la evasión impositiva que se
genera como respuesta a la ineficiencia del Estado. Seguir dependiendo de una
explotación insostenible de los recursos naturales hará al país cada vez más
vulnerable, abonando las causas estructurales de la pobreza. Una pobreza que
está probando ser persistente e impide ofrecer al pueblo paraguayo una vida
digna y con derechos. Tarde o temprano estos factores pueden exacerbar la falta
de cohesión social, dado pie a la
aparición de las protestas sociales que han surgido en otros países de la
región.
En abril 2023 se realizarán elecciones generales en el
Paraguay. Será la oportunidad para elegir presidente y vicepresidente, cámara
de senadores, cámara de diputados, y, a nivel de los 17 departamentos,
gobernadores y miembros de los consejos departamentales. En diciembre de 2022
se estarán realizando las primarias de las distintas fuerzas políticas. Hay dos
primarias importantes. Por un lado, la del partido de gobierno (la Asociación
Nacional Republicana o Partido Colorado) que tiene dos principales candidatos a
la presidencia, y, por el otro, la de la Concertación Nacional en la que se
debaten 6 chapas de candidatos a presidente y vicepresidente identificados con
la oposición, y que incluye al partido opositor de más peso, el Partido Liberal
Radical Auténtico.
En esta ocasión quisiéramos concentrarnos más en los
temas que movilizan los precandidatos, que en la competencia electoral per
se. Asumimos que un bosquejo del debate político actual prefigura futuras
disyuntivas a nivel de las políticas públicas. Así pues, intentamos
caracterizar los temas que logramos entresacar de la estridente cacofonía que
suele acompañar las campañas electorales.
1. Los recursos de la entidad binacional Itaipú:
Una de las primeras preguntas que me plantearon cuando
accedí a una entrevista en la radio, después de la victoria de Lula en Brasil,
fue sobre la situación de la gran hidroeléctrica Itaipú. Brasil y Paraguay
comenzarán en 2023 la revisión del Anexo C, del Tratado de Itaipú que rige los
alcances de la entidad binacional. Se
espera que con esta revisión se darán las condiciones para que el Paraguay
pueda redefinir lo que se hará con el 50% de la energía que le corresponde. El
país ya no tendrá que ceder la parte de la energía que no consume al Brasil por
una compensación, sino que podrá utilizar esa energía para el consumo nacional
y para la venta a otros a un precio de mercado. En ambos casos, la gran apuesta
del Paraguay es lograr las mayores ventajas posibles para dar un salto
cualitativo en su desarrollo, ya sea mediante el fortalecimiento de su
capacidad de utilización de la energía, mediante una infraestructura eléctrica
mejorada, o como una fuente de recursos disponibles para la inversión pública
en otros sectores. La esperanza es que del lado brasilero la presencia de Lula
y su visión de la integración latinoamericana ayuden a tener contrapartes
amigables a la hora de precisar los detalles de esa revisión.
2. El empeoramiento de la situación fiscal:
La cuestión de los recursos para la inversión pública
es en este caso de primordial importancia, porque el consabido equilibrio
fiscal por el cual el Paraguay ha recibido elogios se está desgastando de
manera progresiva. Hay una creciente tendencia a que los ingresos tributarios
sean absorbidos en su totalidad por gastos corrientes del presupuesto nacional,
sobre todo personal, y aumenta la proporción de ingresos de esa misma fuente
que son dedicados a subsidiar el déficit de la Caja Fiscal que mantiene las
pensiones de los maestros, militares y policías.
Hoy por hoy, la inversión pública depende de la
capacidad de endeudamiento que ha tenido el país. Sin embargo, esa capacidad se
acaba también. En 2014 la deuda pública representaba el 15,59% del PIB,
mientras que en 2021 se llegó a 37,22%. Es, además, una deuda contraída
mayoritariamente en dólares, que, en la situación actual de suba del dólar,
puede generar mayor presión que lo planeado. Si bien al país le queda ancho de
banda para endeudarse. Según los parámetros del FMI un margen aceptable de
deuda puede entenderse hasta el 50% del PIB. Sin embargo, visto y considerando
la situación y la capacidad del Estado de generar más ingresos, el Ministerio
de Hacienda se ha puesto un límite de 40% y no está a la vista continuar con la
misma estrategia de endeudamiento. De ahí la importancia de los ingresos en
Itaipú.
3. Ausencia, debilidad y corrupción del Estado:
La dificultad adicional es que por el momento no es
políticamente viable proponer un aumento de la presión tributaria. Hay muy poco
apetito para planteamientos en los que se plantea la creación de nuevos
impuestos. Sólo desde la izquierda se propone de manera muy tímida una mayor
fiscalización de la producción agroexportadora y ganadera, o el aumento del
impuesto al tabaco y las bebidas alcohólicas.
El argumento ampliamente mayoritario es el de la
priorización del gasto y el combate a la corrupción. Este es un argumento de
peso, pues el país sigue en los rankings más bajos de Transparencia
Internacional y la capacidad de lograr los resultados que el mismo Estado se
propone son, en determinadas áreas claves, poco demostrables. Ello explica por
qué la opinión pública está cada vez más volcada a la idea de que este es un
Estado que consume los impuestos para pagar un personal que no hace bien su
trabajo. Aunque las generalizaciones son siempre odiosas e injustas, pues hay
un funcionariado público bueno, honesto y profesional que está haciendo bien su
trabajo, el problema es que esas buenas manzanas no pueden ser correctamente
apreciadas por los múltiples ejemplos de compadrazgo político e inoperancia que
contamina la gestión del Estado.
4. El narco estado emergente:
La corrupción y la ineficiencia han creado las mejores
condiciones para la incorporación del Paraguay a las rutas del narcotráfico. El
Paraguay no es un estado fallido, pero sus debilidades institucionales y los
vacíos en cuanto a la correcta aplicación de las leyes son inteligentemente
explotadas por el crimen organizado. Hoy los territorios de frontera están
fuertemente controlados por grupos criminales del Brasil y de Paraguay. El ex
presidente de la república, Horacio Cartes ha sido designado como
“significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los EE. UU. por
encubrimiento y participación en el negocio del contrabando. La contratación de
sicarios y asesinatos en la vía pública han aumentado y la influencia política
del crimen organizado esta creciendo a nivel de los colegiados políticos, en
diputados, senado y juntas departamentales y municipales. La policía, las
penitenciarías, el poder judicial, la fiscalía, las fuerzas armadas han sido
todas penetradas por el crimen organizado, hasta qué punto no podemos precisar.
5. Desprotección social y vulnerabilidad:
Esta expansión del crimen organizado se vincula sin
duda con el problema de la desprotección social y la vulnerabilidad. Cuando hicimos una evaluación de un proyecto
sobre trabajo forzoso, trabajo infantil y tráfico de persona, pudimos constatar
que la pobreza y la vulnerabilidad eran los determinantes principales. Las
mismas redes de tráfico de personas se alimentaban de familiares en situación
de necesidad que a veces alentaban a sus hijas o parientes adolescentes y
jóvenes a aceptar propuestas de “trabajo” en el exterior. Esto se hizo más
patente durante la pandemia. Resulta que, en lo que se refiere a la reducción
de la pobreza, el país lleva casi ocho años de estancamiento. En 2014 la
pobreza total estaba en 27.2% y en el 2020 estuvo en 26.9.”
En otro orden de cosas, recuerdo que una jueza se
quejaba de que no es a golpe de condenas judiciales que se eliminaría el
trabajo infantil explotador, y pedía a gritos una política social y un sistema
de protección social mucho más sólido que el existente. Efectivamente, en el
Paraguay aproximadamente un 20% de la población en edad de trabajar es la que
accede a un trabajo decente y puede aspirar a algún tipo de seguridad social.
Esa es la clase media. El resto de la población depende de las familias y las
comunidades para un soporte en caso de crisis. Una proporción de los pobres
extremos pueden acceder a alguno de los programas sociales, pero los niveles de
cobertura dejan mucho que desear. Para un gran número de paraguayos la vida
transcurre día a día, intentando asegurar lo esencial para sobrevivir. Un gran
porcentaje de trabajadores informales por cuenta propia y trabajadoras
domésticas no generan ingresos equivalentes al salario mínimo (actualmente unos
US$360 al mes), de manera que cualquier crisis o enfermedad catastrófica puede
afectar sus medios de vida de manera muy seria.
6. Continuidad o cambio de modelo:
En general, el discurso político actual gira en torno
al cambio. No hay un discurso que apele a la continuidad, sino que todos ven la
urgencia de una mejora. Inclusive el lema del candidato del partido de gobierno
con más chances de ganar (Santiago Peña, según encuestas) la primaria reza
“vamos a estar mejor”.
Hay variantes en lo que se dice debe cambiar. La
oposición que compite en la Concertación pone el énfasis en el fin de la
corrupción y el narco estado, mientras promete mayores y mejores oportunidades
de trabajo digno. El tema del emprendimiento y el fomento de las micro y
medianas empresas son también presentadas como caminos para la generación de
ingresos y empleo.
El oficialismo, pone el énfasis en ciertas reformas al
modelo, pero insistiendo en que se deben priorizar tendencias ya en curso, como
la diversificación de las oportunidades para generar trabajo y divisas mediante
el fomento de la inversión extranjera directa en otras áreas agropecuarias y
maquilas. Argumentan que con la inversión que se ha hecho en las
infraestructuras camineras y la estabilidad macroeconómica del país se puede
atraer nuevos inversores y retomar la senda del crecimiento.
Desde los sectores más progresistas se critica el
modelo “extractivista”, que consiste en el desarrollo del agronegocio, la
exportación de la soja combinado con el uso de los agrotóxicos dañinos para el
ambiente y la salud. Se constata que es un modelo excluyente y que se debe
alentar una base productiva más diversificada que contrate trabajo intensivo
mientras se fortalecen las opciones existentes para la agricultura familiar
campesina que ha caído en la pobreza y la marginación
En general, hay un cierto consenso entre los
candidatos que, aunque el modelo
agroexportador genera divisas para el país, está llegando a un límite en cuanto
a su capacidad de expansión. Por otro lado, hay un reconocimiento creciente que
ya no se puede ponerle barreras al enfoque de desarrollo sostenible, incluyendo
tanto el pilar social como el ambiental. Por otro lado, hay conciencia que la
deforestación y cambio climático tarde o temprano dictarán sus condiciones por
el modelo extractivista pueda seguir.
Revisando todo ese enjambre de posiciones, solos nos
queda señalar un punto de entrada que tiene el mérito de sumar acuerdos. Es el
de la apuesta por una economía con más valor agregado. Una base productiva
manufacturera y de servicios que permita puestos de trabajo más decentes. Este puede ser esos puntos de partida que
reúna a los distintos actores políticos del país.
Paraguay enfrentará elecciones presidenciales, de
senadores y diputados, así como de las 17 gubernaturas y juntas
departamentales, a fines del primer trimestre de 2023. Sin embargo, este es el año en que los partidos políticos
tendrán que definir su oferta electoral y política. Por ello nos parece
pertinente ofrecer un bosquejo del entramado político actual.
1.
La posibilidad del
continuismo:
Si bien en la región se están dando transformaciones
importantes en cuanto a opciones, con cambios de timón muy significativos en
Chile, Honduras y Costa Rica, el Paraguay podría posicionarse más bien en un
esquema continuista. El partido tradicional predominante, el Partido Colorado,
pareciera estar en camino a mantener las riendas del poder político. Un
indicador reciente son las elecciones municipales de octubre 2021, en las que
demostraron su vitalidad como fuerza electoral, habiendo ganado en 161 de los
254 distritos municipales, incluyendo la Capital, dejando 61 municipios en
manos del otro partido tradicional, el Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA), y otros 32 en manos de alianzas, movimientos y partidos más pequeños.
Este desempeño electoral puede volver repetirse si el
partido es capaz de navegar sus internas con la sagacidad que demostraron en
2021. La definición de candidatos del Partido Colorado para las elecciones de
2023 está ya en pleno vuelo. Por un lado, el movimiento interno Honor Colorado,
liderado por el ex presidente de la república, Horacio Cartes, está lanzando
una dupla compuesta por Santiago Peña, excandidato a presidente en 2018 y ex
ministro de Hacienda en el gobierno de Cartes como candidato a presidente,
acompañado por Pedro Aliana, actual presidente de la Cámara de Diputados como
vice. Por el otro, el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ha
lanzado su candidatura a la presidencia, apoyado por el “oficialismo”, que
lidera el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero agregando otros
liderazgos que se van aglutinando en torno el nuevo movimiento Fuerza
Republicana.
Se prevé que las elecciones internas del Partido
Colorado sean en la primera mitad de diciembre de 2022 y que después de eso el
partido cicatrice las heridas de las internas y vaya en bloque a hacer campaña
por los candidatos electos para las elecciones nacionales. De hecho, y de
manera muy pragmática, los colorados usan la expresión “operación cicatriz”
para esos menesteres. Del éxito de dicho operativo post internas dependerá en
gran parte el continuismo o la alternancia.
2.
Los esfuerzos por
aliarse y concertar:
El panorama en el campo no colorado ya no es tan
claro. Estamos hablando de un campo mucho más plural y fragmentado. Hay un
actor relativamente más grande que los demás, y que sería la primera fuerza
opositora, el PLRA, pero también hay una serie de pequeñas fuerzas de
izquierda, algunas aglutinadas bajo el liderazgo del expresidente Fernando Lugo
del Frente Guazú. Aparte, una nueva derecha que va creciendo llamada Partido
Patria Querida, y un grupo de “otros”.
Se puede notar que la sociedad política paraguaya está
a la búsqueda de alternativas al predominio del partido colorado. Como botón de
muestra vale examinar la multiplicidad de actores que presentaron candidaturas
en las elecciones municipales pasadas. En esa ocasión, se presentaron con
candidatos para intendentes y miembros de junta municipales 28 partidos, 134
movimientos políticos, 121 alianzas y 256 concertaciones electorales.
Obviamente, uno de los grandes desafíos para el campo no colorado, es como
articular una voz que recoja muchas de esas inquietudes y que a la vez pueda
también explotar una mala cicatrización de los enconos internos del partido
colorado.
Contra este archipiélago de opciones conspira un
elemento muy concreto del sistema electoral paraguayo. Es que la elección de
presidente y gobernadores departamentales se definen en una sola vuelta, con
mayoría relativa. Ese aspecto del sistema fuerza a los actores a decidir si
compactar las fuerzas, antes de que haya una medición de fuerzas clara, como la
que ofrece el sistema de dos vueltas.
El desafío no es desdeñable, tanto por las dificultades que entraña
armar coaliciones, como por el hecho de que la característica resaltante de
Paraguay es que hablamos de un Partido Colorado que desde 1947, con una breve
interrupción en el periodo 2008 a 2013, ha ejercido el control del Gobierno. Un
partido fuertemente empotrado en el aparato estatal y ha manejado los hilos del
poder, en asocio con los militares en el período de la dictadura del Gral.
Stroessner (1954 – 1989), pero también compitiendo en pujas electorales desde
1989. Se da el fenómeno del partido – Estado, que no solamente tiene predominio
en el personal del Estado, sino también se articulan las clientelas externas,
transportistas, contratistas y proveedores, etc. Ante eso las fuerzas opositoras deben hacer
el cálculo que cualquier margen de victoria electoral debe poder mitigar el
sesgo innato que tiene la predominancia del Estado – partido en la competencia
electoral.
3.
El PLRA y el
tercer espacio:
Parte del problema está en dilucidar qué va a pasar
con el PLRA. Hay mensajes que hablan de la oportunidad para una alianza o
concertación, pero al mismo tiempo una no muy velada advertencia al PLRA de que
es preciso un mayor acercamiento programático de las partes (el para qué), y
una mayor apertura a debatir el candidato o la candidata de la alianza o
concertación. Ante eso, el PLRA entreabre las puertas al aspecto programático,
pero sin mucha sustancia. Por otro lado, no se lo ve simpatizar mucho con la
idea de que el candidato de la alianza sea otro que el que surja de sus
internas.
El plazo para presentar alianzas o concertaciones
tiene su cierre en junio de 2022, de manera que las discusiones actuales no
pueden continuar sine die. Si las negociaciones son infructuosas pueden
surgir otras alternativas. Por un lado, la clara posibilidad de un candidato o
candidata de la izquierda. Actualmente, se esta postulando la senadora
Esperanza Martínez del Frente Guazú. Por otro lado, una candidatura más de
centro, con un discurso “ciudadano” como el esgrimido por Soledad Núñez, ex
ministra del gobierno de Cartes, pero que se declara independiente y busca una
base programática amplia, con mucho énfasis en un enfoque técnico para el
desarrollo sostenible del país, con buena formación en los temas de
gobernabilidad y políticas públicas. El
éxito de cualquiera de estas otras opciones es dudoso, pero siempre pueden
prender en el imaginario colectivo, y constituirse en una alternativa que
afecte más al PLRA, de hecho, que al Partido Colorado. Las cosas serían
distintas si se da la muy improbable concertación del llamado “tercer espacio”.
Que se construya una alternativa a los partidos tradicionales, forjando un
marco programático en el que la izquierda y el centro de encuentren y que se
beneficie de una migración de votos colorados, liberales e independientes,
sobre todo de los jóvenes, considerando que de un estimado de 4.6 millones de
electores, 1.4 millones tienen entre 18 y 29 años.
Publicado en Voz y Voto de Mexico, el 1 de mayo 2023
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