Esperanza Martínez – exprecandidata a la presidencia por la articulación “Ñemongeta por una patria nueva”

 

1.     Introducción:

Antes de iniciar el análisis es importante señalar que nuestra labor en esta entrega ha sido el análisis de las intervenciones de la exprecandidata a la presidencia, Esperanza Martínez, en dos espacios. Por un lado, las entrevistas y participaciones en programas de debate en los medios de comunicación masiva, y, por el otro, los discursos e intervenciones en las reuniones de “Ñemongeta por una patria nueva”. Nos fijamos sobre todo en los temas que prioriza la propia candidata en sus alocuciones, y no hacemos referencia a los documentos programáticos que haya preparado o elaborado su grupo político, a menos que ella haga referencia a los mismos. Este enfoque nos permite concentrarnos en el “encuadre” que hace la propia candidata de sus posibles líneas de política pública en el caso que accediese al puesto electivo al cual aspira.

Hacemos esta aclaración porque “Ñemongeta por una patria nueva” ha finalizado recientemente un documento programático en el que figuran sus propuestas de manera más ordenada y sistemática. Muchas de estas tienen una relación directa con lo que ha expresado la precandidata en sus intervenciones. En ese sentido, Esperanza Martínez es probablemente una de esas candidatas que está en mejor sintonía con las bases programáticas de su grupo político. No es raro en el mundo de las campañas electorales ver que el candidato principal no se organiza, ni se ocupa de establecer un mejor vínculo con sus bases programáticas, llevando sus intervenciones de manera individual, por una senda poco estructurada y disciplinada en cuanto al mensaje que quiere hacer llegar.

En el susodicho documento de “Ñemongeta” se citan los siguientes puntos principales:

“Ñemongetá por una Patria Nueva se compromete a llevar adelante:

Una salud pública con cobertura universal, gratuita y de calidad que avance hacia un sistema integral y unificado que priorice la Atención Primaria a la Salud y potencie las Unidades de Salud de la Familia.

Una educación integral, pública universal, gratuita y de calidad en los niveles de la educación inicial, escolar básica y media, con mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento educativo, la formación docente, la retención escolar y el aprendizaje.

La expansión del trabajo decente con libertad de agremiación, igualdad, seguridad social y dignidad humana.

La Reforma Agraria Integral con distribución de tierra a los Sin tierras, desarrollo de los asentamientos campesinos y comunidades indígenas y, apoyo integral a la agricultura campesina e indígena.

El pleno ejercicio de la soberanía hidroeléctrica como palanca para el desarrollo sustentable, el buen uso de la renta eléctrica para mantener la matriz eléctrica 100% renovable, mejorar y expandir la infraestructura eléctrica, ampliar la tarifa social y fomentar industrias empleos intensivas, así como transporte eléctrico e infraestructura socio ambiental.

Una nueva relación con el medio ambiente que respete las leyes ambientales y proteja el ambiente, preservando y reconstituyendo los ecosistemas nativos y los recursos naturales, mitigando y contrarrestando el cambio climático.

Una lucha frontal contra la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la impunidad”

Muchos de los temas los toca la candidata en sus intervenciones, como se verá a continuación.

2.     2. La pre candidata:

Como muchos médicos y salubristas, Esperanza Martínez, entra a la política al tomar conciencia de que la salud y la enfermedad tienen tanto que ver con las determinantes sociales y las políticas públicas, como con los factores de riesgo que puedan afectar el metabolismo y la fisiología de los individuos. En su discurso se notan los años de experiencia en la gestión de la salud, empezando como fundadora de la asociación de médicos del Hospital de Clínicas.

Una de las cosas en las que la candidata insiste recurrentemente en sus intervenciones es que es necesario plantearse la pregunta ¿cómo mejor “llegar a la gente”?. Esa orientación al ciudadano le viene, además, por su compromiso con el enfoque de derechos, y muy especialmente el derecho a la salud, y argumenta que su experiencia en la salud pública le ha dado un conocimiento más certero de cómo orientar el quehacer del Estado para que este pueda beneficiar a aquellos que más necesitan.

A pesar de sus críticas a la situación actual del país, no deja de recordarnos que el Paraguay tiene buenas bases para prosperar. Menciona el bono demográfico (población joven) que aún se puede aprovechar, las reservas de agua en los acuíferos, el potencial aún no realizado de la energía hidroeléctrica y su uso pleno, y las tierras fértiles, entre otros. El problema para ella es que ese potencial ha sido secuestrado por una política que sirve a las élites, los corruptos y los narcos. Una élite que, además, no quiere asumir la responsabilidad que les corresponde para el desarrollo del país. Una élite a quien no le interesa la seguridad social de la población y ni cree en la necesidad de pagar sus impuestos. Critica con vehemencia lo que ella llama el “proyecto Abdo Benítez – Cartes” de los dos últimos gobiernos, que ha consistido en endeudar al país para poder invertir en el desarrollo de obras que benefician sobre todo a los grupos empresariales, sin ningún esfuerzo de inversión social mayor.

3.     3. Los pilares del discurso programático de la candidata:

Siempre conviene abordar el análisis del discurso político desde la perspectiva de lo que diferencia un texto de otro. En ese sentido, aunque puede parecer una perogrullada, es importante señalar que el discurso de Esperanza Martínez incorpora con mayor énfasis que otros, la referencia a “lo popular”. En comparación con el discurso de otros precandidatos a la presidencia de la Concertación, en el texto de Esperanza Martínez hay un desplazamiento de los referentes y las interpelaciones. Se combina “la ciudadanía” y “el pueblo paraguayo”, con referencias reiteradas hacia sujetos como los “trabajadores del campo y la ciudad”, “los campesinos”, los colectivos de base y, de manera muy insistente en el caso de la senadora, los “pueblos indígenas”.   

Obviamente, esta defensa de “lo popular”, y “lo colectivo”, está directamente relacionado con el discurso de la izquierda en el Paraguay. Esta siempre ha estado ligada a los movimientos y asentamientos que pugnan por el derecho a la tierra en el ámbito rural y por el reconocimiento de los asentamientos informales en el medio periurbano. La posición de la senadora ante la llamada Ley Riera – Zavala es probablemente lo más característico de este discurso en la actual coyuntura. Ella y su bancada en el legislativo han sido acérrimos críticos de la modificación del código penal propuesta por el senador de Patria Querida Fidel Zavala y el senador colorado del movimiento Honor Colorado, Enrique Riera, mediante la cual se elevó la pena privativa de libertad por una invasión de un inmueble ajeno a diez años, pasando de ser delito a ser crimen.

Los argumentos de la senadora giran en torno al hecho de que muchas ocupaciones se dan en tierras que fueron mal habidas. Tierras públicas que fueron repartidas entre una élite compuesta de militares, latifundistas y otros otorgadas durante la dictadura de Stroessner, en vez de ser destinadas a los pequeños agricultores (verdaderos sujetos de la reforma agraria). Esta práctica de adjudicación fraudulenta de tierras ha continuado inclusive tras la conversión del Instituto de Bienestar Rural en Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a partir del 2004. Por ello, para la senadora y la izquierda en general, no se puede hablar de las invasiones sin, al mismo tiempo, considerar el esclarecimiento definitivo del origen de esas tierras. Consideración que concita, además, una revisión de todas las falencias del catastro nacional, por la serie de superposición de títulos que existe.

Aparte, se insiste que en muchos casos estamos hablando de una variada gama de situaciones cuando se habla de “ocupaciones”. De hecho, muchas de ellas se convirtieron en asentamientos y llevan décadas en esos lugares y el mismo Estado ya les ha brindado determinados servicios públicos, instalando escuelas y centro de salud, por ejemplo. Finalmente, está la crítica a los operativos de desalojo. Se condenan los desalojos violentos, violatorios de los derechos humanos de las personas, a veces afectando a niños y adolescentes en las escuelas. Los protocolos de desalojo no se respetan; la policía nacional, la fiscalía y los jueces penales se arrogan funciones que no tienen. Ha habido varias muertes reportadas en estos casos. En ocasiones son simplemente personas privadas, acompañadas de civiles armados, con un abogado, los que operan y ejecutan los desalojos violentos.

Es en base a esta problemática que la candidata se hace cargo de señalar que el país se caracteriza por el incumplimiento histórico del derecho a la reforma agraria. Este es el posicionamiento central de la senadora y su corriente política.  Su pensamiento está bien expresado por Milena Pereira Fukuoka, quién, en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay 2020, escribió que  “la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la inexistencia de políticas que desalienten el latifundio y el déficit de políticas de vivienda de los sectores populares urbanos, constituyen las causas del acaparamiento creciente de las tierras en el país sobre una base cada vez más ilegal: tierras mal habidas, apropiación de territorio indígenas, realización de transacciones fraudulentas con inmuebles públicos, amplia superposición de títulos de propiedad”.  Recordemos que el 90% de la tierra en Paraguay está en manos de unas 120.000 grandes propiedades (menos del 5%), mientras que el restante 10% se reparte entre 280.000 propiedades pequeñas y medianas.

El arriba mencionado posicionamiento de la senadora Esperanza Martínez, se vincula obviamente con la preocupación más amplia por la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina. En vez de que la población ligada a ese modo de producción siga en un proceso de disolución, empujada hacia afuera por la agricultura empresarial y el agronegocio, la propuesta es desarrollar políticas que conduzcan a un fortalecimiento del sector. En su propuesta de negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, ella habla de la necesidad de invertir parte de los recursos que se obtendrían tras una negociación exitosa con el Brasil en la asistencia técnica y el desarrollo de ese sector rural. Por otro lado, es la única precandidata que plantea el tema de los impuestos a la exportación de soja, y que los ingresos derivados del mismo se podrían usar para fortalecer la agricultura familiar campesina. Propuesta que de hecho fue una iniciativa del Frente Guazú en el Senado y que ha sido resistido por los lobbies de los sojeros. 

En referencia a los puntos arriba mencionados, nos parece interesante destacar dos aspectos del discurso de la senadora que derivan de sus referencias a lo popular, el derecho a la tierra, la reforma agraria y la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina.  Uno de ellos tiene que ver con lo nacional-popular y “lo patriótico”. Ya se ha podido constatar que la articulación de izquierda que la postuló como precandidata a la presidencia se identifica como el “Ñemongeta (dialogo) por una patria nueva”. Al contrario de movimientos progresistas más internacionalistas que se refieren al sujeto-clase u otros como sujetos universales, el discurso de la izquierda paraguaya tiene un carácter profundamente nacionalista y apela mucho a la idea de que los sectores populares se defienden ante un capital internacional ligado a la globalización, sobre todo el agronegocio, y que deriva en la compra de tierras por agricultores empresarios extranjeros que desplazan a campesinos e indígenas de sus tierras. Obviamente, dentro de ese esquema, lo étnico-cultural entra a tallar de manera muy importante. El uso del guaraní como lengua popular, de resistencia, y que cimienta la reivindicación de lo paraguayo ante lo extranjero, es probablemente lo más destacable. Esta es una línea discursiva que tiene un fundamento certero y concreto, sin duda, pero al mismo tiempo puede ser vulnerable a posicionamientos nacionalistas que no necesariamente tienen la misma agenda política.  

La senadora abraza este leitmotiv histórico de la izquierda, pero al hacerlo pierde visión crítica, en opinión de este analista. Como muchos actores de la izquierda latinoamericana, que abrazan la noción de lo “nacional-popular”, la precandidata pierde capacidad de crítica de los regímenes políticos que son avalados con ese discurso. Nos referimos a la incapacidad de la senadora de tomar distancia de los autoritarismos presentes en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuando le preguntaron respecto a cómo calificaría al régimen de Maduro en Venezuela, la senadora habla de que "ha tenido sus dificultades” y no va mucho más allá de eso. El mismo Fernando Lugo, en una de las reuniones del “Ñemongeta”, habló de los regímenes progresistas de Latinoamérica y no estableció ninguna diferencia entre las izquierdas o progresismos democráticos y las izquierdas autoritarias, poniendo a Nicaragua y Chile en el mismo grupo. Esto puede ser visto como una falta de profundización y actualización en el mejor de los casos, o un posicionamiento relacionado al antiimperialismo latinoamericano de viejo cuño que hace una traslación de lo nacional-popular paraguayo al nacionalismo latinoamericano de manera acrítica.

El otro aspecto relacionado con el tema de la tierra y la agricultura familiar campesina que nos parece interesante comentar, es que en el caso de Esperanza Martínez se nota un énfasis en lo ambiental, pero, no sólo desde la perspectiva de subsanar los impactos ambientales negativos, sino también como parte de un posicionamiento de apoyo a las necesarias transformaciones estructurales que se requieren para hacer la transición a un desarrollo sostenible. Un posicionamiento en el que influye mucho el hecho de que para “Ñemongeta por una patria nueva”, es necesario hablar de “justicia social y ambiental”, por contraposición al modelo extractivo del agronegocio que ha difundido el uso de agrotóxicos y los transgénicos, y ha permitido el avance desmedido de la deforestación. Fenómeno este último que choca con el objetivo de conservación de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.  Es también dentro de ese marco que se hace referencia a la necesidad de un modo de producción agrícola familiar campesina que abrace las técnicas de producción agroecológica, libre del uso de agrotóxicos, con un tratamiento del suelo que dé paso a una producción sostenible y diversificada.

En su visión de la situación deseada Esperanza Martínez deja entrever un ideal largamente debatido en el país. Nos referimos a un proceso integrador que vincula la producción agroecológica familiar campesina con el sostenimiento de la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país, y que al mismo tiempo encarrila la economía rural por la senda de mayor valor agregado a los productos alimenticios, mediante un procesamiento manufacturero que brinde oportunidades de empleo de calidad. Todo ello en sustitución de la importación de alimentos, en un país que se considera a si mismo como potencial “granero del mundo”, pero en el que se estima un 10% de la población sufre hambre.

Demás está insistir que esta visión, es nada más una visión movilizadora. Su concreción es incierta y en el discurso de la senadora se hacen solamente los señalamientos más generales. El componente tecno-político capaz de desarrollar el conjunto de políticas públicas que se requerirían para llegar al modelo de integración arriba mencionado se ha topado y se seguirá topando con una serie de dificultades y desafíos.

Un siguiente e importante componente del discurso de Esperanza Martínez es el que se refiere a la salud. Siendo salubrista y habiendo fungido como ministra de salud durante el gobierno de Fernando Lugo, es natural que la senadora pueda explayarse con soltura al tocar este tema. De hecho, la experiencia de gestión pública a la que ella recurre para dar explicaciones de cómo pretende trabajar en el caso de ocupar una función en el Ejecutivo proviene de sus años en el ámbito de la salud pública. En ese sentido, la senadora siempre insiste mucho en que la gestión pública depende de la formación y el fortalecimiento de los equipos de trabajo. Que el liderazgo más efectivo es aquel que sabe valorar los aportes de los miembros de esos equipos y que tenga a bien encaminarlos hacia un trabajo coordinado.

El modelo de salud pública al que Esperanza Martínez hace alusión cuando plantea su propuesta al país, es el sistema de salud español. Un sistema sanitario público dividido en dos grandes pisos: el de atención primaria y el de atención especializada. Es el mismo modelo que inspiró su gestión al frente del Ministerio de Salud, cuando se fortaleció y amplió el número de las llamadas Unidades de Salud Familiar (USF), encargadas, justamente, de brindar dicha atención primaria, dejando el sistema de hospitales regionales para la atención especializada y de mayor complejidad. Es en el marco de esa asistencia primaria en la que también ubica las farmacias populares.

El sistema de salud público de España se financia con los ingresos tributarios del Estado y todo ciudadano con un número de seguridad social y una tarjeta de salud tiene acceso a él, siempre y cuando sea residente o nacional del país y esté pagando sus impuestos. Hay un régimen especial para extranjeros no residentes con prestaciones más limitadas. La senadora no aclara mucho el tema del financiamiento que propone para el Paraguay, pero habla de retomar la iniciativa del gobierno de Fernando Lugo de haber introducido la salud gratuita en los establecimientos de salud del Estado. Con esa experiencia se eliminaron los aranceles, con un impacto muy importante en el acceso y adherencia al sistema de salud público. Sin embargo, quedan muchas dudas respecto de hasta qué punto la gratuidad de salud es sostenible con el régimen tributario existente en Paraguay.  La senadora habla de la importancia de un aumento en el impuesto al alcohol y el tabaco, y alude a la necesidad de una reforma de sistema tributario, pasando del esquema regresivo actual a un sistema progresivo. Sin embargo, no se logran poner los puntos sobre las íes en lo que concierne a la capacidad del sistema de salud pública de ofrecer el tipo de prestaciones que ofrece un sistema tanto más desarrollado como es el español.

Es probablemente la existencia de regiones sanitarias en el sistema de salud de Paraguay lo que ha inspirado a la senadora para hacer suya una propuesta de desarrollo con enfoque territorial en la que se vislumbra la conformación de regiones, en parte basado en el artículo 160 de la Constitución Nacional que habla de la posibilidad de que “los departamentos podrán agruparse en regiones, para el mejor desarrollo de sus respetivas comunidades”. Esta es una propuesta muy parecida a la planteada por la precandidata Kattya González. Es probable que ambas se hayan familiarizado con algunos de los estudios realizados por CADEP (Centro de Análisis y Estudios de la Economía Paraguaya). Tales estudios adelantan posibles regiones, en base a sus características geográficas, sociales y económicas. Se habla de una región de frontera más dinámica, de otra región de frontera de menor de dinamismo, de una región metropolitana alrededor de la Capital, de una región de departamentos en transición, y así sucesivamente. Ambas precandidatas coinciden en que el concepto de región es más adecuado para hablar de planes territoriales por el tema de que con estas se logra alcanzar mayor escala que la que pueden ofrecer los municipios y los departamentos, que son las dos unidades administrativas subnacionales con las que cuenta el país.

4.    4.  Un tono para cada espacio:

Finalmente, es importante recalcar un aspecto del discurso de Esperanza Martínez que llama la atención.  Cuando uno investiga las intervenciones que la precandidata hace en los medios de comunicación masiva dirigidos al público en general y las compara con las intervenciones que hace en las reuniones del “Ñemongeta por una patria nueva” o para medios más progresistas, como El Surtidor, se nota muy claramente que hay temas que se tratan de una manera en el ámbito interno y de otra manera en el ámbito externo. La racionalización que hace la candidata con respecto a estas diferencias es que una cosa es el desarrollo de las propuestas en el seno de los grupos de la izquierda y otra el aporte que hacen esos mismos grupos con el fin de fortalecer una propuesta de la Concertación.

La precandidata es muy consciente que la posibilidad de cambio de gobierno es mayor si se unen las fuerzas políticas opositoras, y por ello, siempre manifiesta su apoyo a un acuerdo político más amplio en el que se puedan lograr consensos más generales, aceptables para un arco más diverso de puntos de vista y posicionamientos políticos. Como todos los otros precandidatos, la senadora argumenta la necesidad de un proceso formal para llegar a acuerdos, postulando un dialogo programático, pero, lastimosamente y pesar de las buenas intenciones, no parece haber en la “política tradicional” suficiente apego al diálogo y la negociación programática. Esta “política tradicional” - por carecer de mejor término - prefiere manejarse sin referencias a un texto demasiado comprometedor y, en consecuencia, agrega incertidumbre y tensión dentro de la Concertación.  Esta ha sido una de las críticas que ha hecho la izquierda a la Concertación y es un fenómeno que debilita la postura de la misma de exprecandidata de mantenerse dentro de ese acuerdo. El desafío es ahora ver si se puede recomponer una base de negociación más estructurada, que logre contener a todos los actores.