La turbulencia colombiana

 El 21 de mayo pasado el Interamerican Dialogue organizó un panel sobre las protestas sociales en Colombia. Invitó a cuatro panelistas colombianos: Catalina Botero, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; Paula Moreno, presidenta de Manos Invisibles y ex ministra de cultura; Alejandro Santos, Director de Radio Caracol, y Maurice Armitage, ex-alcalde de Cali. Cada uno de ellos presentó su análisis de la situación, las posibles causas de una erupción tan estridente y tantearon las potenciales direcciones estratégicas que se podrían ensayar para superar los escollos. Lo que sigue es un resumen analítico, desde una perspectiva regional.

Desde un principio, el panel vinculó las reacciones a la protesta con lo que identificaron como uno de los sustentos del “imaginario colombiano”, aquel que concibe los problemas del país desde el esquema binario amigo-enemigo. Perspectiva esta que consiste en una narrativa influenciada por la larga historia de conflictos duros y aguerridos que han marcado la vida nacional. Se referían al combate al narcotráfico, el conflicto con las Farc, las autodefensas, y el paramilitarismo como antecedentes que inevitablemente tiñen las miradas. 

Si bien ninguno de los panelistas negó que efectivamente existan “enemigos del orden público”, también subrayaron que si se hace esa lectura desde una posición reduccionista que sólo ve eso, se cae en un error muy grave. Hay vandalismo, hay voluntades disruptivas, hay crímenes, pero también hay una sociedad que ve y siente en carne propia los problemas, pero no atisba a percibir soluciones y grita de desesperación. La pobreza que se incrementa, el retroceso de las nuevas clases medias, que apenas habían logrado superar el umbral de la indigencia, la pandemia que no cede y unas élites que no parecen del todo dispuestas a escuchar o que sepan escuchar. 

Aunque  la protesta colombiana es multi-actor, y se expresa con múltiples voces, reclamando mayor responsabilidad del Gobierno, había consenso en el panel de que uno de los rasgos predominantes es el de la situación de los jóvenes. Un grupo de edad duramente golpeado por la pandemia, totalmente desprotegido y muchos de ellos llamados con ese horrible término de ‘ninis’, que no estudian ni trabajan. Un grupo etario con el cual los liderazgos nacionales tienen enormes dificultades para entablar un diálogo constructivo. El ex-alcalde de Cali habló de programas que en estas épocas de estrechez de recursos se habían cesado en dicha ciudad y que consistían en comedores populares para poner una comida en los hogares más pobres y que las mamás no tuviesen que despertarse y pedirle a su hijo joven salir y agenciarse para obtener un poco de plata con que alimentar a los hermanos chiquitos. Programa que iba acompañado de otro de empleo joven que les diese oportunidades a aquellos muchachos y muchachas. 

En el plano de las posibles salidas se comentó que los intentos de aplacar las protestas por medio del diálogo son bienvenidos, pero tampoco se debe olvidar que se cometió un gravísimo error en el 2019, cuando se enfrentaron protestas similares y se estableció un sistema de diálogo, gracias al cual se acordaron ciertos puntos. El problema fue que el Gobierno no hizo el debido seguimiento y, por ello, ahora, el desgaste en la credibilidad de los comités de negociación es doble. Este es un punto en el que insistió mucho Catalina Botero. 

La negociación no debe ser vista como una táctica para calmar los ánimos, sino como mecanismo para montar una plataforma de medidas a ser correspondidas. El problema es que una vez que se pierde esa confianza, el Gobierno entra en un espiral en el que nada de lo que proponga tiene validez. Retiran la reforma tributaria, se tumba la reforma de salud, o se proponen medidas específicas, pero los descontentos siguen. Tampoco es que los partidos políticos puedan mediar. Como bien dice el panel, en estos casos la crisis de representación es profunda y el paradigma dialoguista tiene que renovarse.

Una de las salidas es la escucha activa con la juventud y sobre todo alguna actuación que investigue de manera independiente el accionar de la fuerza pública. Responder a la pregunta de si se trata o no de una violencia sistémica de la fuerza pública o si es, como pretende el Presidente, un tema de “algunas manzanas podridas”, se erige así en una de las preguntas claves del debate actual.

Finalmente, los paralelismos con el caso chileno son fáciles de marcar, y los resultados de las elecciones a la asamblea nacional constituyente en ese país pueden prefigurar el tipo de gigante giro en los liderazgos políticos que podría ocurrir en Colombia. Sin embargo, la institucionalidad colombiana se diferencia de la chilena en que la institucionalidad y sobre todo la Constitución Nacional colombiana todavía gozan de una amplia legitimidad. Los panelistas insistieron en ello y, de hecho, apuntaron que en la Constitución existen mecanismos de consultas populares y participación ciudadana que no están siendo utilizadas para superar esta crisis profunda e histórica. 

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